El golpe de Estado perpetrado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya ha puesto en alerta a todos los gobiernos de Latinoamérica, especialmente a los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Hace apenas un poco más de un año, el blanco era el gobierno de Bolivia, liderado por Evo Morales y la nueva Constitución.El Gobierno de Estados Unidos de América (EEUU) apoyó los proyectos separatistas en Bolivia con un financiamiento de más de US$ 97 millones desde 20021 por intermedio de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés). La masacre a 15 indígenas en El Porvenir, mostró la cara más atroz de estos separatistas.
Unasur logró en su momento detener ese golpe de Estado que era inminente. Los ojos del mundo veían en vivo y directo cómo un Gobierno popular y socialista estaba siendo atacado impunemente por las grandes cadenas mediáticas al presentar al gobierno de Evo Morales, como quien contravenía la “descentralización” y el “derecho” que tenían los sectores de la oligarquía a separarse de un país.
La Usaid en combinación con la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) no han podido cristalizar el derrocamiento de los gobiernos que decidieron tener una posición soberana e independiente en esta última década (léase Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua).
Sin embargo, lo lograron en Honduras al secuestrar a Zelaya y desterrarlo del país. El presidente constitucional hondureño, después de varios intentos por entrar a su país para retomar la presidencia, logra refugiarse en la embajada de Brasil y desde allí denuncia la farsa electoral y la poca afluencia de votantes.
Lo que no le perdonaron a Zelaya es que aumentara el salario mínimo de los trabajadores, además de tratar de implementar una política social, incluir a Honduras al Alba y, la gota que rebasó el vaso, pretender consultar al pueblo.
En Venezuela sectores de la oposición en vez de denunciar el golpe de Estado en Honduras, callaron, celebraron en silencio. Mientras, los operadores de los medios de comunicación de ese mismo sector mostraron nuevamente cómo se manipula la información. Pretendieron explicar que lo sucedido en Honduras estaba contemplado en la Constitución de ese país y que todo estaba amparado por la “legalidad”, lo que vendría a ser el primer caso de la política universal en que es constitucional el secuestro de un presidente para perpetrar un golpe de Estado.
Estos sectores de la oposición política y mediática han mostrado su lado antidemocrático con lo sucedido en Honduras, repitiendo el mismo accionar desde que Hugo Chávez asumió la presidencia hace 10 años. Al presidente venezolano, así como a Zelaya, tratan de ocultarlo, de hacerlo invisible. Para estos medios, estos presidentes no existen. Sin embargo, el 12 de abril de 2002 llamaban “presidente” a quien brevemente se autoproclamó como mandatario nacional en Venezuela mediante un golpe de Estado. De igual modo denominan hoy a quien hoy usurpa la presidencia hondureña.
Para estos medios de comunicación, tampoco existen las siete bases norteamericanas que se instalarán en Colombia y mucho menos reconocen el peligro que representan para la soberanía de los países latinoamericanos. El alerta que hacen todos los países de Unasur, menos el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no es tomada en cuenta por estos medios. Mas sin embargo, se pliegan a las políticas de Uribe y de EEUU al reproducir que Venezuela amenaza a su vecino neogranadino.
Y como colofón, queda el cinismo del gobierno colombiano al pretender que Venezuela financie parte de su política guerrerista con el intercambio comercial que había alcanzado, al momento de su congelación, a 7 mil millones de dólares. Cuando se toca el capital, las cosas cambian, y más cuando el gobierno venezolano intenta detener el contrabando de alimentos y combustible hacia esa nación neogranadina al desarmar pasos ilegales en la frontera. Tales acciones hicieron ofuscar al presidente colombiano que olvidó en qué consiste la “libertad de comercio” y denunció a Venezuela ante organismos internacionales para obligar a mantener relaciones comerciales con su país. Vaya paradoja la de Uribe, quien aspira, además, firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU.
Raúl Cazal
Le Monde diplomatique [edición venezolana]
Diciembre 2009. No. 16
1 Documentos solicitados a la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés). En: Jean-Guy Allard y Eva Gollinger; USAID, NED y CIA: La agresión permanente. MCI, Caracas, 2009. Pág. 74.
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