Una de las frases manidas por los políticos de oposición venezolanos es que en el país se gobierna bajo un sistema dictatorial que trasgrede uno de los derechos humanos fundamentales: la libertad de expresión. Esta denuncia se hace airadamente a través de los medios de comunicación privados y públicos en cualquiera de sus modalidades: impreso, radio y televisión. También en internet, aunque allí el desvarío es mayor.
A principios de 2011 una “novísima” organización política llamada Alianza por la Libertad de Expresión leyó un comunicado ante los medios televisivos Globovisión, Televen, Canal i y Venevisión y el circuito Unión Radio en donde presentaba unos supuestos 1.777 casos que vulneraban la libertad de expresión en estos últimos ocho años, pero “sin una sola noticia censurada”, escribió en su columna dominical Eleazar Díaz Rangel [1].
Hay que hacer notar que la “Alianza” la componen 14 organizaciones, entre las que destacan el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), que actualmente representa a la oposición política y a los intereses de las empresas de comunicación; las escuelas de Comunicación de las universidades privadas Católica Andrés Bello, Santa María y Monteávila; la ONG Espacio Público, que ha recibido financiamiento de la Embajada de EEUU en Caracas; y el Instituto Prensa y Sociedad, que es financiado por la Nacional Endowment for Democracy (NED), entre otras.
Como en este comunicado dejaron de presentar los detalles de los casos, suponemos que allí no se encontrarán las horas que los medios de comunicación privados implicados en el golpe de Estado de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez dejaron de informar cuando el pueblo salió a la calle a pedir la restitución del presidente constitucional, mientras colocaban en su programación dibujos animados.
Los medios de comunicación que hoy incitan a los usuarios y lectores a suponer que se vive en una dictadura, en abril de 2002 catalogaron al golpe de Estado como “transición democrática” y al dictador Pedro Carmona Estanga lo denominaron “presidente” con “plenos poderes”.
Actitud contraria han tenido los medios privados cuando a mediados de diciembre de 2010 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Habilitante para que el presidente Chávez pueda promulgar leyes por la emergencia nacional que generó el desastre natural. La crítica de la oposición política, acompañado de los medios de comunicación, no se hizo esperar. Definitivamente, muy distante de aquél 13 de abril en que el periódico El Nacional y El Universal, en apoyo total al golpe de Estado y sin ningún tipo de crítica, colocaron a toda página en sus respectivas portadas: “El presidente Carmona disolvió los poderes” y “¡UN PASO ADELANTE!”.
Para ciertos medios internacionales les cuesta entender la supuesta “dictadura” que se vive en Venezuela, incluso a CNN, y para ello a finales de 2010, Ismael Cala entrevistó al prófugo de la justicia venezolana Guillermo Zuloaga y a Marcel Granier, directivo de RCTV Internacional, con el objeto de comprender la “Libertad de prensa en Venezuela”, así rezaba el nombre del programa.
Cala preguntó: “Ya es tradición en nuestro programa de que nuestros invitados tienen la última palabra. [Tiene] unos 30 segundos, señor Granier, para que me diga cómo en un país que ustedes dicen que no hay democracia, usted tiene tanta libertad para poder hablar a la prensa internacional y no tener miedo”.
Granier se mantuvo en silencio durante los 30 segundos pautados y el entrevistador se quedó con la inquietud de conocer la respuesta. No hubo fallas técnicas, tampoco las aducieron. Y además, el directivo de RCTV estaba al tanto de que le iban a hacer esa pregunta porque en el segmento anterior, antes de ir a cortes comerciales, Cala le había anunciado el planteamiento.
En 1998, antes de la llegada de Chávez al Gobierno, existían 40 televisoras de señal de abierta en el país, de las cuales 8 pertenecían al Estado, y que estaban en franco deterioro de sus equipos e instalaciones con el objeto de ser privatizadas, y 32 al sector comercial. En la actualidad existen 111 concesiones, de las cuales, 61 están operadas por privados, 13 son públicas y 37 comunitarias . Mientras que en radio de Frecuencia Modulada (FM) operaban 342 concesiones en 1998. Actualmente 466 son operadas por privados, 82 por el Estado y 243 son comunitarias. En Amplitud Modulada (AM), actualmente son manejados por el sector privado 172 radiodifusoras y públicas son 25 emisoras [2].
Algunos “investigadores” de la comunicación nacionales han pretendido mostrar que en Venezuela existe una hegemonía estatal en materia comunicacional, pero los datos demuestran que hay un desequilibrio entre los medios públicos y comerciales. Y estos últimos, además, cuentan con el apoyo de las transnacionales de la información que filtran toda información que vaya en función de la caída del gobierno de Hugo Chávez y de los aliados de la Revolución Bolivariana, llámese Alba, Unasur o Petrocaribe.
Los privados han invisibilizado el proceso revolucionario que se vive en el país desde la llegada de Chávez al Gobierno y han intentado inocular el miedo a la pérdida de los derechos individuales que la mayoría de la población no posee: la “propiedad privada”. A pesar de ello, el mandatario venezolano ha vencido en tres contiendas electorales y en un referendo revocatorio en estos últimos 12 años.
“El miedo es el destino del hombre en el siglo XX”, dijo William Faul
kner en su discurso de recepción del premio Nobel de Literatura. En el siglo XXI viene de la mano de los medios de comunicación privados que procuran paralizar los cambios sociales en Venezuela y en América Latina.--
[1] “Los domingos de Díaz Rangel”, Últimas Noticias, 23 de enero de 2010, p. 11.
[2] Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Este artículo tiene algunas modificaciones del que aparece publicado en Sudestada No. 96, Marzo de 2011. Buenos Aires, pág. 6.
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